Con esa cifra en la mano, los operadores buscan instalar la idea de que el país se está perdiendo una montaña de plata. Seamos francos: ¿queremos tener una industria que crece gracias a que más personas pierden su plata? ¿Es realmente deseable que el Estado gane a costa de quienes probablemente más necesitan apoyo?
⚠️ En Chócale creemos que no. Estas plataformas no aportan ningún valor al país ni a su gente. Por el contrario, su negocio se basa en que sus usuarios pierdan dinero. Sí, algunos ganan. Pero la gran mayoría no. Y el costo social de la adicción al juego y del sobreendeudamiento es mucho mayor que cualquier beneficio fiscal.
A diferencia de los casinos presenciales, que son fiscalizados in situ, generan empleo local, promueven el turismo y están ligados al desarrollo regional —con hoteles, restaurantes, centros de eventos y servicios—, los casinos online y sitios de apuestas deportivas operan sin rostro, muchos desde paraísos fiscales, y con modelos de negocio absolutamente contrarios al interés público. ¿De verdad queremos formalizar eso solo porque el Fisco recaudaría un poco más?
La regulación que se discute en el Congreso
corre el riesgo de blanquear una actividad que empobrece más de lo que aporta. Porque, aunque se pinte como moderna, esta industria no ayuda a las personas a prosperar. Las empuja, sutil y silenciosamente, al otro lado. Los sitios de casinos y apuestas online deberían ser prohibidos, y los operadores de telecomunicaciones obligados a bloquearlos. Una versión más extendida de esta editorial
está disponible aquí.
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